El nuevo gobierno de Joe Biden no debe perder ni un minuto, si esperamos recuperar el tiempo perdido.
El gobierno de Donald Trump deja un saldo negativo ante los grandes desafíos en materia ambiental y climática que debe enfrentar los Estados Unidos en los próximos años, y sus consecuencias en el planeta.
El pasado 20 de enero terminó el gobierno de Donald Trump y, con ello, el incesante esfuerzo por debilitar la política ambiental que fue construida desde los años setenta, con la aprobación del National Environment Policy Act (Ley de la Política Ambiental Nacional) como punto de partida. Este esfuerzo desregulador buscó favorecer el desarrollo de proyectos como oleoductos, carreteras o plantas de energía, con el objetivo de estimular la economía, aunque colocando al ambiente en un estado de desprotección.
En 2016, al inicio de su gobierno, Trump dio uno de los golpes más fuertes: el retiro de su país del Acuerdo de París sobre cambio climático, sin considerar todo el esfuerzo que significó llegar a consensuar la fórmula legal que permita que Estados Unidos participe de este tratado internacional con la sola firma del presidente. Al final de 2017, con la adhesión de Siria, Estados Unidos fue el único país de la Convención Marco de las Naciones Unidas que no participaba del Acuerdo.
Desde entonces, según el Washington Post, más de 125 normas que regulaban estándares ambientales de aire, agua y tierra han sido derogadas. No es casualidad que una de las promesas más importantes de Joe Biden, entonces candidato demócrata para la presidencia, fue la de restaurar estas normas.
Preguntarnos sobre el legado de Trump en materia ambiental y climática no es poca cosa, considerando que los Estados Unidos es el segundo país que más genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Si bien China es el principal emisor de GEI a nivel global, las emisiones por persona de los habitantes estadounidenses son el doble que de un ciudadano chino. Lo cierto es que, detrás de la política de desregulación ambiental de Trump, existe mucha desinformación y mentiras que podrían tener consecuencias graves para el país a corto y mediano plazo.
Comencemos con el legado a nivel institucional. Hoy en día, el principal organismo ambiental del país, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) se encuentra debilitado y aquellos que encabezaron esta entidad en los últimos años (Scott Pruitt, Andrew Wheeler), se dedicaron, por encargo del propio presidente, a desmantelar la capacidad de dicha entidad para oponerse a proyectos de inversión del sector privado con potencial impacto negativo en el ambiente, facilitando su desarrollo y permitiendo, por ejemplo, la extracción de petróleo y gas en terrenos federales, incluso áreas protegidas.
Una de las últimas normas aprobadas por este régimen (y de las más controversiales) fue la llamada Applications to Regulatory Science, que limitó el uso de información científica para la toma de decisiones dentro de la entidad. Costará mucho, en términos de tiempo, dinero y esfuerzo, recomponer a la EPA y el marco regulatorio preexistente a la era Trump que le permitía hacer bien su trabajo.
Entre los proyectos aprobados que podrían tener un impacto significativo en la calidad ambiental están los oleoductos Keystone XL y Dakota Access (previamente desaprobados por el gobierno de Barack Obama), diversos proyectos mineros y de infraestructura de energía. Incluso, uno de los proyectos bandera de dicho gobierno, el muro en la frontera sur con México tendría un importante impacto.
Hay decisiones que aparentemente no tienen que ver directamente con el tema ambiental, pero que pueden afectar las posibilidades presentes y futuras de seguir generando mecanismos de protección ambiental y la capacidad del gobierno federal para enfrentar el cambio climático. La designación de jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos, el máximo órgano judicial del país, es uno de estos casos.
Durante su mandato, el expresidente Trump tuvo la posibilidad de designar a tres de nueve jueces de esta Corte, equilibrando la balanza a favor de posiciones conservadoras, que promueven la desregulación en toda materia y podrían votar en contra de las exigencias de la ciudadanía para que el gobierno haga frente a los problemas ambientales. Es decir, el legado que deja es negativo para la justicia ambiental y climática.
También hay efectos inesperados. Sin duda, el retiro del Acuerdo de París produjo una recomposición de los actores que promueven una acción climática significativa en este país. Diversos representantes de los gobiernos locales (alcaldes de ciudades como San Francisco o Nueva York) asumieron el liderazgo de la agenda climática nacional, en colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales y el sector privado comprometido, que implicó generar mecanismos de cooperación propios con otras ciudades y países.
Con el reingreso al Acuerdo de París, confirmado el primer día de gobierno de Biden, la gobernanza climática estadounidense se fortalece y los alcaldes seguirán participando activamente de esta agenda, fiscalizando lo que haga el gobierno federal y articulándose entre ellos. Ojalá que esto permita acelerar los esfuerzos para cumplir los compromisos climáticos que fueron dejados atrás.
Estos últimos cuatro años pudieron ser claves para lograr la convergencia política necesaria a nivel internacional para incrementar la ambición climática y el financiamiento para implementar medidas de mitigación y adaptación a nivel global. Esto no se trata sólo de los Estados Unidos y China: tiene un reflejo en lo que vayan a hacer otros países desarrollados o en desarrollo, como la India, Rusia, Japón o la propia Unión Europea. Sin embargo, lo único que hemos logrado es incrementar nuestras preocupaciones sobre si logramos reducir lo suficiente nuestras emisiones para evitar que la temperatura llegue a niveles intolerables.
El gobierno de Joe Biden tiene una obligación para recuperar el tiempo perdido. Para lograrlo, no basta con traer de vuelta las normas ambientales eliminadas por la anterior administración. Se necesitan decisiones más ambiciosas y lograr que otros países se sumen a este desafío. Ya se dio el primer paso con el reingreso al Acuerdo de París. Se necesita ahora una transformación de la economía estadounidense y sus fuentes, y que el tema climático sea un elemento clave en la política exterior de la administración.
Si te interesó el tema: la Universidad de Brookings identificó todas las acciones de desregulación que realizó el gobierno de Trump en diversas áreas, entre ellas la ambiental. Puedes ver la base de datos aquí.
CLIMA MIRADAS 